Una huelga en vísperas electorales necesita algo más que consignas

Una huelga general no se mide por el ruido que hace, sino por las mejoras que consigue. La convocatoria de CCOO y UGT para el 11 de noviembre, a solo 18 días de las elecciones del 29, pone sobre la mesa reivindicaciones importantes —salarios y vivienda—, pero también una pregunta sencilla: ¿quién puede responder a ellas en este momento?

A 10 de octubre, la convocatoria aún debía registrarse formalmente y sus detalles estaban pendientes. La CEOE cuestiona que exista un conflicto laboral que justifique el paro y estudia impugnarlo cuando se presente; la legalidad, por tanto, no está resuelta. USO, que no se sumará, señala otro problema: con el Parlamento disuelto y un Gobierno en funciones, no hay un destinatario claro. No es una objeción menor.

El calendario tampoco es un detalle decorativo. CCOO anunció movilizaciones hasta las elecciones y la huelga se celebrará justo antes del inicio de la campaña. Eso no demuestra que las demandas sean ficticias, pero sí obliga a explicar por qué esta fecha y qué medidas concretas se reclaman. Defender a los trabajadores exige algo más que convocar un paro: exige objetivos verificables y responsabilidad. Sin ellos, la huelga corre el riesgo de servir más a la disputa electoral que a quienes dice representar.